Con motivo del Día Mundial de la Educación Medioambiental, Daniela García Pinheiro, ingeniera ambiental por la Universidade FUMEC (Brasil), y Máster en Biodiversidad Terrestre por la Universidade da Coruña, comparte con todos nosotros una mirada comparativa de la educación ambiental y la conciencia sociambiental entre España y Brasil.
Antes de trasladarse a España, Daniela trabajó en Brasil en el ámbito de la restauración ambiental, donde, entre sus responsabilidades, se encontraba la realización de charlas de salud, seguridad y medio ambiente, entendidas como acciones de educación ambiental no formal en el entorno laboral. Actualmente realiza prácticas profesionales en el departamento de I+D+i de EMALCSA.
Daniela García Pinheiro
Ingeniera ambiental por la Universidade FUMEC (Brasil), y Máster en Biodiversidad Terrestre por la Universidade da Coruña
El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, instituido en 1975 por las Naciones Unidas. Esta fecha, que busca concienciar sobre la importancia de esta herramienta para la protección del medio ambiente, fue establecida tras la Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental, de la que surgió la Carta de Belgrado, un hito conceptual en el abordaje de las cuestiones ambientales. Dicho documento destacó la necesidad de comprender la complejidad de los problemas ambientales y propuso un enfoque educativo orientado a sensibilizar a las poblaciones sobre los desafíos que enfrenta el planeta. Asimismo, puso de relieve la importancia de las acciones colectivas e individuales para la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
En Brasil, la educación ambiental cuenta con respaldo en la Constitución Federal y está establecida por ley, que dio origen a una Política Nacional sobre el tema. Dicha política establece que esta herramienta debe ser promovida tanto en los sistemas de enseñanza formal como en el ámbito de la educación no formal, y que debe integrarse de manera transversal en los currículos escolares. Es decir, la educación ambiental no se configura como una disciplina específica, sino que se trabaja en el entorno escolar mediante la integración de contenidos ambientales en otras disciplinas. Además, dicha política atribuye a la administración pública desarrollar programas orientados a generar concienciación en la población, utilizando diversos métodos para su implementación. Entre ellos se incluyen campañas en medios de comunicación, señalización informativa en espacios públicos —especialmente en áreas con fragilidad ambiental—, campañas educativas, entre otras acciones.
Sin embargo, en un país con una distribución de la renta tan desigual como Brasil, esta realidad se refleja también en el acceso a la educación, incluida la educación ambiental. Esta situación se refleja en el territorio, donde núcleos urbanos con bajos ingresos per cápita presentan igualmente una menor adhesión a la escolarización, como ocurre, por ejemplo, en las favelas. En estos espacios es común encontrar residuos en las calles, cursos de agua obstruidos y una escasa presencia de áreas verdes, evidenciando la relación entre exclusión social, falta de concienciación ambiental y degradación del territorio.
Por otro lado, en España la educación ambiental no se encuentra expresamente recogida en la Constitución, sino que se inserta en el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente. En este contexto, dado que la educación ambiental es entendida como un pilar fundamental para dicha protección, su obligatoriedad se manifiesta principalmente en la legislación educativa, que la establece como contenido transversal en todas las etapas del sistema educativo. Al igual que en Brasil, no es obligatoria como disciplina independiente, sino que debe integrarse en el currículo. En este sentido, experiencias relatadas por estudiantes españoles indican que los temas relacionados con la educación ambiental se abordan de forma transversal, integrados en distintas asignaturas.
En lo que respecta a la educación ambiental no formal, la legislación española reconoce e incentiva campañas públicas, centros de interpretación ambiental y programas comunitarios, apoyándose principalmente en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye uno de los principales marcos normativos ambientales del país
En un contexto donde el acceso a la educación es más amplio, se observa un impacto positivo tanto en el cuidado del territorio como en el grado de conciencia social respecto a las responsabilidades individuales y colectivas vinculadas a la protección del medio ambiente. Esta conciencia se manifiesta en prácticas cotidianas ampliamente difundidas, como la correcta separación de residuos, el respeto por las áreas naturales protegidas, la valorización de los espacios verdes urbanos y la participación social en decisiones relacionadas con el territorio. De manera general, se identifica una relación más armoniosa entre la población y el espacio en el que vive, con una menor tolerancia social hacia prácticas degradantes, como el vertido irregular de residuos o la ocupación desordenada de áreas sensibles.
Además de un mayor acceso a la educación ambiental en contextos con menor desigualdad en el acceso a la educación en general, la percepción de la urgencia de proteger el medio ambiente también resulta más acentuada en España. Con un territorio físicamente más limitado y un historial más prolongado de explotación de los recursos naturales, la degradación ambiental en el continente europeo, de manera general, se presenta como más intensa que en Brasil. Como consecuencia, por ejemplo, se han elaborado numerosos catálogos de hábitats y especies amenazadas que requieren protección, promovidos por el gobierno español, mientras que Brasil, país de dimensión continental, aún alberga extensas áreas con hábitats prístinos.
Estas realidades contrastantes tienden a generar diferentes percepciones sobre la necesidad de la conservación, influyendo directamente en la necesidad de sensibilización y de construcción de conciencia ambiental. Considerando que dichas acciones constituyen objetivos centrales de la educación ambiental, puede afirmarse que su aplicación resulta especialmente relevante en territorios donde los ecosistemas ya se encuentran más degradados, en comparación con aquellos que aún mantienen una elevada integridad ambiental.
La importancia de la educación ambiental, que es independiente del grado de degradación de un territorio, va más allá de la simple difusión de información. Se trata de una herramienta fundamental para la formación de ciudadanos conscientes, capaces de comprender la interdependencia entre la acción humana y los ecosistemas, con potencial para transformar la configuración de un territorio a escala local. Además de su valor intrínseco en la conservación ambiental, la educación ambiental contribuye también a la reducción de la intervención humana necesaria para el mantenimiento y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. En la medida en que los ecosistemas se mantienen más íntegros y funcionales, disminuye la necesidad de acciones correctivas y de gestión intensiva, reforzando la importancia de la educación ambiental como una estrategia preventiva y estructural para la sostenibilidad a largo plazo.
*La Cátedra Emalcsa no se identifica necesariamente con las visiones expuestas por los autores de los artículos que publica. Nuestra intención es ser un medio para la difusión, el diálogo, el debate y el avance en conocimiento.
